Suplemento Regiones

Laura R. Valladares de la Cruz

“Mujeres indígenas y participación política”

Regiones, suplemento de antropología…

número III, 11 de enero de 2005, pp. II-VI.

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Mujeres indígenas y participación política

Laura R. Valladares de la Cruz •

Equidad de género e identidades étnicas

La participación política de las mujeres indígenas ha tenido un gran avance a partir del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en cuyas filas milita cerca de un 30% de mujeres. Sin embargo, la participación de las mujeres indígenas en los procesos de lucha de sus pueblos es centenaria, como centenaria es su condición de subordinación. Tal vez lo que ha caracterizado a los estudios sobre la insurgencia india ha sido la invisibilidad de la participación de las mujeres, pero hoy en día ésta se ha transformado abruptamente en una visibilidad que ha sido el resultado de la constitución de las mujeres como actoras políticas, pues ya no solamente participan en los procesos de lucha de sus pueblos, sino que se han expresado en demandas de género.

Podemos señalar en términos generales que la lucha y participación política de las mujeres indígenas se centra en tres grandes frentes: el primero tiene que ver con la lucha de los pueblos indígenas por su derecho a ejercer la libre determinación a través del reconocimiento de regímenes autónomos al interior de la estructura política de la República, proceso en el que las mujeres no son solamente acompañantes sino actoras en ocasiones centrales, como lo muestran las diferentes estrategias de resistencia abierta, a veces armada, en otras cívica y en otras tantas con lo que poseen: el cuerpo y la palabra.

Un segundo rubro se refiere a las disputas por el reconocimiento de su derecho a participar en las estructuras de poder de sus pueblos y comunidades, temática que es centro de este trabajo; como veremos, es todavía profundamente incipiente su arribo a este ámbito. Y otro frente más, tal vez el más controvertido, es el que se refiere a la modificación de aquellas prácticas culturales de los llamados “usos y costumbres”, que las mantienen sin voz, sin poder de decisión y violentadas en diversos ámbitos.

La emergencia de la participación política de las mujeres indígenas en las estructuras locales ha roto en alguna medida con aquellas imágenes estereotipadas de la mujer india como analfabeta y sin conciencia política, cuyo espacio de socialización estaba acotado al ámbito del hogar. Sin embargo, su activa y persistente presencia en continuo movimiento ha ido “desconstruyendo” estos referentes como resultado de las muchas luchas, resistencias y formas de repensar el futuro.

En las últimas décadas se han generado procesos organizativos encabezados por mujeres en diversos ámbitos, como la salud, la educación, la defensa de los derechos humanos, la implementación de proyectos productivos, así como su participación en proyectos y procesos políticos, a través de los cuales se han ido resignificando las identidades étnicas y de género en términos positivos. Incluso se retoman elementos étnicos de carácter emblemático con el objetivo de construir desde la etnicidad un proyecto de futuro donde lo étnico sea una parte sustancial de la nueva relación entre los pueblos indios y el Estado, así como la construcción de relaciones más equitativas entre hombres y mujeres al interior de las comunidades y los pueblos indígenas. Así, a lo largo de este proceso se han creado y recreado identidades étnico-políticas, desde donde se vienen tejiendo utopías de carácter universalista, gestiones comunitarias plurales y un acceso de las mujeres a cargos de representación política, todavía muy modestos pero de un gran significado tanto para las mujeres, en particular, como para los indígenas en general.

Sin duda alguna la participación abierta y desafiante de las mujeres zapatistas fue fundamental, pues a partir de su aparición como milicianas, insurgentas, bases de apoyo, generaron novedosos procesos de organización y reflexión en amplios sectores nacionales e internacionales. Se trata de una apretada síntesis del contexto en que surgen las movilizaciones indígenas con carácter de género y sobre el contexto en el que se da su acceso a cargos como el de presidentas municipales, delegadas, subdelegadas, tesoreras, representantes de bienes comunales, representantes de diversos comités, entre los más relevantes. Sin embargo, el escenario y espacio desde donde se vive y se confronta el derecho a la equidad genérica y a la igualdad en la diferencia está signado por la violencia, por la necesidad de asegurar el sustento para la vida cotidiana, por la vinculación de los indígenas con organizaciones indias o con las múltiples Organizaciones No Gubernamentales defensoras de los derechos humanos y colectivos. En otras ocasiones la participación política femenina se da por la ausencia de hombres en el campo como resultado de los altos grados de migración, entre otras tantas causalidades. Lo que deseo señalar es que no podemos generalizar acerca de las causas que motivan a las mujeres a la participación política, porque son múltiples, como múltiples son los contextos, las etnias y las condiciones que enfrentan.

También deseo enfatizar que si bien se ha planteado que “género no es destino”, tampoco significa, “por sí mismo”, que por la condición de ser mujer india su práctica política y su gestión en el ámbito del poder redunden en una defensa de los derechos de sus pueblos y de la igualdad de género. Tal vez el caso más conocido es el de los amuzgos de la montaña de Guerrero, del municipio de Xochistlahuaca, quienes en el curso de dos décadas han estado sometidos por dos “cacicas” indígenas que, de acuerdo con los propios amuzgos, han instaurado gobiernos mucho más violentos y represores que los de todos los caciques que han dibujado su historia.1

Teniendo esto como premisa, los datos que presentamos se refieren, en términos cuantitativos, a las mujeres indígenas que ocupan o han ocupado el cargo de presidentas municipales en la última década en sus lugares de origen.

Mujeres indias gobernando municipios

La participación de las mujeres en los diferentes ámbitos de gobierno es más bien escasa, y en esto las estadísticas son contundentes, pues en los casi doscientos años de vida republicana nunca ha habido una presidenta de la República. En los últimos 70 años solamente cuatro mujeres han sido gobernadoras: Griselda Álvarez (Colima), Beatriz Paredes (Tlaxcala), Rosario Robles (Jefa de gobierno del Distrito Federal) y Amalia García (Zacatecas).2 Por su parte, en el Congreso de la Unión la presencia femenina fluctúa entre un 15% y 22%. Mientras que en el caso de los municipios se mantiene esta tendencia a la subrepresentación al ubicarse su presencia en el orden del 3%. En el caso de los municipios con población indígena, que son alrededor de un 30% de los más de 2 400 existentes, la cifra está en el 0.1%.

Lamentablemente, a pesar del importante papel político que tienen los municipios en la actualidad, la participación de las mujeres es sumamente reducida, pues de acuerdo a un estudio publicado en 1998, alrededor de 3.4% de mujeres gobiernan alguno de los 2 412 municipios del país. Esto se tradujo para el año de 1996 en la elección de 89 alcaldesas, de las cuales sólo 14 eran de un partido diferente al PRI.3 Hacia el año 2000 la situación no había mejorado, pues en el trienio 2000-2003 se registraron 77 casos de mujeres que ocuparon el cargo de presidentas municipales, lo que en términos porcentuales representa el 3.2%.4 En términos generales podemos afirmar que en las regiones indígenas se mantiene la tendencia nacional y latinoamericana, e incluso, como he señalado, es todavía muy inferior su presencia, que coincide con las tendencias nacionales en cuanto a que es muy reciente la participación de las mujeres en cargos de representación política y a que entre menor sea la importancia del cargo habrá más mujeres ejerciéndolo. Es decir, si tenemos un 3% de participación de mujeres como presidentas municipales en el ámbito nacional, la cifra se elevará en el caso de delegadas y subdelegadas, así como en los diferentes comités que existen en el ámbito municipal. Sin embargo,  de acuerdo a las últimas cifras es en el Congreso de la Unión donde la participación femenina es mayoritaria, pues ya señalamos que llegó al 22% en la presente legislatura, si bien esto tiene que ver más con un acuerdo de ese órgano de gobierno en el cual se señalaba la pertinencia de lograr cubrir una cuota de 30% de mujeres en su composición.5

A pesar de las modestas cifras que nos muestran los grandes retos en materia de equidad de género, nos falta dar seguimiento a la presencia de las mujeres indígenas en el ámbito municipal, lo cual es relevante por varias causas: por un lado nos permite cuantificar y analizar cómo se han ido abriendo espacios para su participación política y, por otro, nos da cuenta de los cambios en la cultura política de los pueblos indígenas, donde la tradición ha colocado a las mujeres como reproductoras de la cultura, subordinadas al padre, el esposo, el suegro y hasta a los hijos, aunque sin duda ellas participan de manera importante en muchos otros rubros, entre ellos la generación de recursos económicos para sus familias.6

Adicionalmente es importante recordar que el municipio se ha constituido en los últimos años en México en el nivel de gobierno más disputado, no sólo entre los miembros de los pueblos indígenas —que como colectivo eligen en asamblea a sus autoridades—, sino que es también un espacio de poder altamente codiciado por partidos políticos. Esto obedece en buena medida a la presencia de un espacio multipartidario cada día más importante, es decir, los partidos buscan incrementar su presencia y peso político nacional desde la estructura básica del federalismo nacional: el municipio.7 Sabemos que el municipio es el nivel de gobierno donde existe una mayor cercanía entre gobernantes y gobernados; es, hoy por hoy, el espacio territorial donde se han implementado experiencias políticas novedosas como cabildos plurales, concejos municipales, experiencias de cabildo abierto, entre otras.8

Desgraciadamente es muy difícil contar con datos precisos sobre las experiencias, formas de gestión y programas específicos de esas experiencias de gobierno particulares, pues casi no hay información. Sin embargo, hemos decidido presentar los datos sobre algunas regiones indígenas de los estados de Oaxaca, Chihuahua, Sonora, Guerrero y Chiapas.9 Presentaré primero el caso de Oaxaca, por ser donde un mayor número de mujeres indígenas ha logrado arribar al poder municipal.

Oaxaca es un estado importante por varias razones: cuenta con alrededor de dos millones de indígenas que configuran dos terceras partes de la población estatal, lo que en términos de demografía india en el ámbito nacional representa el 20% de la población total. Adicionalmente es el estado de la República con un mayor número de municipios: 570, de los cuales 415 se rigen para la elección de sus autoridades por usos y costumbres.10 Conviven allí 17 etnias diferentes.11

Antes de presentar los datos correspondientes a Oaxaca en los dos últimos periodos electorales, quisiera contar la experiencia registrada de una mujer presidenta municipal que ocupó el cargo en 1986 una década antes de que se legislara el derecho de los indígenas a elegir  a sus representantes por usos y costumbres (1995). Sin duda es un caso excepcional en el universo de las regiones indias del país. Es el caso de la indígena chinanteca del municipio de San Juan Lalana, de nombre Macrina Ocampo, quien llegó al cargo por la votación unánime de todos los comuneros. Ella cuenta que en esa ocasión no era posible nombrar a otro candidato porque todos los comuneros tenían procesos penales, en virtud del conflicto de tierras que existe en el municipio, que se remonta al año de 1950 y que los enfrenta a un grupo de caciques que gobernaban apoyados por guardias blancas. En estas condiciones los campesinos estaban imposibilitados de contender por el ayuntamiento, en tanto que la ley señala que para ser electo en un cargo de representación popular, el candidato no debe tener antecedentes penales. Los comuneros entonces solicitaron a Macrina que aceptara el cargo porque era la única forma de impedir que siguieran gobernando los caciques, quienes controlaban el poder municipal desde 1963.12 En sus propias palabras dejamos la excepcionalidad de su experiencia gobernando:

Yo acepté el cargo pero con una responsabilidad tan grande, porque sabía qué problemas había en mi municipio, cómo estaba mi pueblo, entonces yo acepté el cargo con un escalofrío tan grande, pero lo tuve que aceptar con tal de sacar a los compañeros de la represión en que vivíamos.

Me entregué a mi pueblo, a mí nadie me llamó, nadie me suplicó, la injusticia fue la que me obligó a sumarme con mi pueblo, con mis compañeros comuneros, la injusticia, las calumnias y entré, no hacía falta que me mandaran llamar.

A mí me dolió mucho que mis compañeros han sido asesinados, han sido perseguidos, han sido intimidados, por eso yo fui presidenta municipal. Los comuneros queremos tranquilidad y paz, que respeten nuestras tierras comunales, nuestros recursos, nuestro derecho, yo veo que mucha gente pide vivienda digna, nosotros no alcanzamos a pedir vivienda digna, nosotros pedimos y exigimos vida digna, vivir, eso queremos, que nos dejen seguir comiendo un pedazo de tortilla dura con chile, con sal, no pedimos nada más.13

Este desgarrador testimonio nos da cuenta de la conflictiva relación política que viven los chinantecos y de la existencia de grupos caciquiles en la región. La gestión política de Macrina fue complicada, pero logró gobernar los tres años correspondientes. Entre sus logros está la construcción de una carretera y la entrada del ejército a combatir la siembra de enervantes, uno de los negocios en manos de los caciques. La experiencia del gobierno en manos de los comuneros indígenas se prolongó por otros seis años (nueve en total). Sin embargo, a partir de 1996 volvieron a sentar sus reales los caciques en las tierras chinantecas. No quisiera dejar de mencionar que luchar contra el control y poder de los caciques no es tarea fácil. Baste señalar que desde hace unos meses Macrina se encuentra recluida en la cárcel de Santa María Ixcotel, Oaxaca, acusada injustamente de abigeato. La condenaron a siete años de cárcel con la falsa acusación de haber robado tres vacas, que estaban cargadas, por lo que duplica la falta, por tratarse de seis animales. Esperamos que pronto se haga justicia a esta luchadora social.

De acuerdo con datos del INI (1999), solamente ocho de los 570 municipios oaxaqueños fueron gobernados por mujeres indígenas. Es interesante señalar que solamente son tres las mujeres electas por usos y costumbres, es decir, de 415 municipios, solamente en tres casos las asambleas nombraron mujeres. Esto representa menos del 1%, (el 0.72%). En cambio, en los municipios donde se eligió por la vía partidaria (esto es, en 152 municipios) fueron cinco las mujeres electas, que representan el 3.2%. Pareciera pues que existe una tendencia o una mayor disposición a la participación femenina por la vía partidaria. Adicionalmente podemos mencionar que es justamente en el distrito de Juchitán donde fueron electas cuatro de las cinco alcaldesas, región donde la participación económica y política de las juchitecas es de sobra conocida. De cualquier forma lo que los datos nos señalan es que hay una necesidad de una mayor apertura a la participación política de la mujer en ambos casos y con mayor énfasis en los municipios regidos por usos y costumbres.

En un reciente artículo (Velásquez, 2003:24-31) se señala que en el año de 2001 fueron electas 101 mujeres por usos y costumbres, que pertenecen a 64 municipios. De estas, cinco ocuparon el cargo de presidentas municipales, dos síndicas y 47 como regidoras de diversas carteras. Sin embargo, de este universo el 22.6% dejó el cargo por causas como renuncia, cambios y destituciones.14 Esta situación se debe a diferentes causas que hacen que las mujeres enfrenten serias dificultades durante su gestión, las cuales van desde la estigmatización por ser “mujeres públicas”, por pretender romper con las “formas y costumbres” anteriores de gobernar o por pretender cambiar ciertas tradiciones sobre los roles femeninos. En el trabajo de Barrera y Massolo (2003), se presenta una reflexión importante basada en la experiencia de diversas mujeres, indias y no indias gobernando municipios donde dan cuenta de esta complejidad.15 Dalton (2003) ha analizado las dificultades de una mujer zapoteca del Istmo de Oaxaca, Adelina, quien tuvo que enfrentar violencia física y política para lograr concluir su periodo de gobierno.16 Estos trabajos son un aporte fundamental para entender los retos en el ámbito personal, cultural, económico y político que enfrentan las mujeres que están accediendo a cargos de representación popular en sus comunidades y regiones.

Otras experiencias de gobiernos tradicionales

Existen por lo menos otras siete experiencias en regiones indígenas donde hay o hubo mujeres indígenas gobernando, a las que deberemos de sumar el caso de la indígena tzeltal de Chiapas electa el pasado domingo tres de octubre de 2004 como presidenta en el municipio de Oxcuc, quien entrará en funciones a partir de este mes.

En el año 2000 encontramos en el noreste de la República, en el estado de Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, donde habitan los guarijíos (una pequeña etnia de aproximadamente 1 000 personas) que el cargo de “gobernador” (estructura de poder tradicional) era ostentado por una mujer.17 Por diversos estudios sabemos que el cargo de gobernador tradicional se ejerce de por vida. Sin embargo, en los últimos años, debido a las grandes obligaciones que implica este importante cargo, su duración se ha modificado a un periodo que va de los tres a los diez años.18

También en la norteña tribu yaqui del estado de Sonora, una mujer, Esperanza Molina, fue regidora y representante de los yaquis ante el gobierno estatal.19 Además, hasta el año de 1999 fue la representante mexicana ante el Fondo Indígena, organismo financiero internacional de carácter tripartita, en el que participan representantes del Banco Mundial, un representante por gobierno y un representante de alguna organización indígena. Su función esencial es otorgar apoyos y créditos revolventes a los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe (Ávila, 2003).20 En el estado de Chihuahua, en tierras Rarámuris (Taraumaras), en el año 2002 había una mujer que ostentaba el cargo también de gobernadora. Y recientemente, una mujer yaqui ha sido nombrada como gobernadora tradicional.

En la montaña de Guerrero, en el municipio de Xochistlahuaca, la llamada “déspota”, una amuzga que había implantado un régimen de persecución y violencia, gobernó aproximadamente un año, hasta que la mayoría de los habitantes la obligaron a ausentarse de su cargo. De acuerdo a los habitantes del municipio, fue una de las peores cacicas que se recuerdan.

Este trabajo nos muestra claramente que no por ser una mujer e indígena amuzga hubo cambios sustanciales en las formas de gestión y construcción de políticas más democráticas o con carácter de género. Por ejemplo, en este caso específico, el acceso al poder de la ex presidenta Josefina  Flores tiene que ver con su militancia en el PRI y el apoyo que recibió de los caciques del municipio y del entonces gobernador del estado, Ángel H. Aguirre Rivero (1996-1999), de suerte tal que su arribo se constituyó como una forma más de continuar con la trayectoria caciquil de la región, con el agravante de que esta mujer cometió actos de corrupción y represión contra un grupo de opositores (fundamentalmente de maestros de corriente de izquierda) que desde hace años luchan por instaurar un gobierno democrático de Xochistlahuaca. Su ajetreada gestión nos permite acercarnos a la compleja situación política, a los faccionalismos existentes y, adicionalmente, a los cambios en la organización tradicional en este municipio amuzgo (Gutiérrez, 2001).21

Es todavía muy poco lo que podemos decir sobre estas experiencias de gobierno en cuanto a avances, aceptación de su mandato, dilemas, etcétera. Sin embargo, el dar seguimiento a las experiencias de mujeres indígenas gobernando es una temática profundamente compleja, reciente y novedosa que amerita un análisis más cuidadoso por parte de los investigadores para acercarnos a estas nuevas realidades.

Algunas afirmaciones podemos adelantar sobre los cambios que se están generando en las relaciones políticas y de género en los pueblos indígenas. Se trata de cambios que se realizan de manera muy lenta, pues en la gran mayoría de las comunidades indígenas sigue siendo imposible que una mujer acceda a un cargo de representación popular. Los procesos migratorios que afectan a buena parte de los campesinos del país, han obligado a que muchas mujeres tengan que cumplir nuevos roles sociales, como tener que trabajar para mantener a su familia si es que no reciben recursos de sus esposos, situación que las ha llevado a cumplir con los cargos a que está obligado el esposo ausente, ya sea pagando faena, tomando una mayordomía o asistiendo a las asambleas en representación de su esposo. Pero a pesar de ser cargos que toman para cumplir sus obligaciones como esposas y miembros de la comunidad, estos nuevos papeles les han brindado reconocimiento y un mayor involucramiento con la vida pública de su comunidad.

Otro de los cambios significativos es que un pequeño grupo de mujeres ha podido acceder a mayores niveles educativos, lo que les permite disputar cargos al interior de su comunidad. Pero existe una constante: todavía la costumbre india no ve con buenos ojos la participación femenina, casi todas las presidentas municipales han tenido que enfrentar un señalamiento público, críticas por descuidar su papel tradicional y serios enfrentamientos cuando plantean dar una perspectiva de género a sus gestiones. Baste señalar que de las cinco indígenas oaxaqueñas que fueron electas para el trienio 2001-2004, sólo una pudo concluir su gestión; algunas fueron destituidas y otras se vieron obligadas a renunciar.

Incluso en zonas indígenas de influencia del zapatismo en Chiapas, en los municipios autónomos (declarados así desde finales de 1994, y que hace un año fueron renombrados como las Juntas de Buen Gobierno), si bien son experiencias muy importantes en cuanto a que proponen una nueva forma de ejercer el poder, un poder no vertical, siempre poniendo de frente el interés colectivo, son una propuesta alternativa a esta fase del capitalismo salvaje sustentada en un fuerte discurso de equidad de género. Sin embargo, se ha documentado que la centenaria cultura machista y de exclusión de las mujeres no se ha podido desterrar. En un recuento de los logros de estos municipios autónomos se reconoce que no existe todavía una sola mujer como responsable en las Juntas de Buen Gobierno (Caracoles zapatistas).22 Sin duda, la mancuerna pobreza-violencia externa y la cultura tradicional siguen imponiendo grandes limitantes a la construcción de una praxis de género más equitativa. Ojalá en los próximos años las mujeres indias puedan ejercer su legítimo derecho a dirigir el destino de sus comunidades con un costo social que no sea tan oneroso.

• Departamento de Antropología, UAM Iztapalapa.

Notas

1 Véase el excelente recuento sobre el caso amuzgo estudiado por Miguel A. Gutiérrez, Déspotas y Caciques, UAG, México, 2000.

2 Esta última entrará en funciones a partir de este mes

3 Massolo, Alejandra, “Introducción” y “Gobierno municipal y mujeres. Un encuentro posible”, en: Dalia Barrera Bassols y Alejandra Massolo (coord.), Mujeres que gobiernan municipios. Experiencias, aportes y retos, Colmex, México, 1988, pp. 13-27.

4 Véase Barrera Bassols, Dalia e Irma Aguirre, Participación política de las mujeres. La experiencia en México, ENAH, México, 2003, pp. 45.

5 Véase Fernández Poncela, Ana, “Las elegidas al Legislativo Federal, año 2000”, Fem., Año 25, núm. 214, México, pp. 7-9. Fernández Poncela, Ana (2001) “Jefas delegacionales y composición de la ALDF según sexo”, Fem., Año 25, núm. 215. México, 2001, pp. 7-9.

6 Bonfil Paloma ¿Obedecer callando o mandar obedeciendo? México Indígena, Nueva Época, Vol. 2, núm. 5, septiembre de 2003, CDI, México, pp. 6-14.

7 Para un seguimiento pobre la importancia del municipio como escenario de disputa y construcción Véase el Boletín “Artículo 115” del Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara  (CESEM).

8 Véanse los trabajos de López Monjardín, El municipio, una Utopía Viable, Siglo XXI, 1985; Aziz Nassif, Alberto, “Municipios y transición política: una pareja en formación”, en: Merino, Mauricio (coord.), En busca de la democracia municipal. La participación ciudadana en el gobierno local mexicano, México, 1995, pp. 207-220; Torres, Jaime Las luchas indias por el poder municipal, Tesis de maestría CIESAS, México, 2000.

9 Agradezco los datos sobre este último estado a Romeo Molina, colega que durante 2002 trabajó en el Instituto Nacional Indigenista (INI).

10 El método de usos y costumbres fue aprobado por el Consejo Electoral Estatal del Estado de Oaxaca en el año de 1995, por el cual los municipios que así lo decidan pueden elegir a sus representantes no por la vía partidaria sino como lo marque su costumbre. El número de municipios que elige sus autoridades por este procedimiento varía en cada elección, en virtud de que en algunos años existen municipios que se incorporan a este sistema mientras que otros lo abandonan a favor de una elección por la vía de los partidos políticos.

11 Véase Carlos Tello Macías, “La libre determinación de los pueblos indígenas. Los derechos colectivos”, en: Coloquio sobre Derechos indígenas, Oaxaca, 1996, pp. 53-64.

12 Sobre la vida y situación de Macrina Ocampo véase el interesante trabajo de Núñez Miranda, Concepción, “Mujeres en prisión: ¿transgresión y opresión?, en: Acervos, Boletín de los Archivos y Bibliotecas de Oaxaca, número 27, verano de 2004.

13 Testimonio recopilados en la cárcel por Núñez Miranda, Concepción, ob. cit., pp. 66-67.

14 Cfr. Velásquez, Cristina, “Discriminación por género y participación en los sistemas de gobierno indígena: Contrastes y paradojas”, en: Bonfil Sánchez, Paloma y Elvia Rosa Martínez (Coord.), Diagnóstico de la Discriminación hacia las mujeres indígenas, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), México, 2003, pp. 151-171.

15 Cfr. Barrera Bassols, Dalia y Alejandra Massolo (comp.), El municipio. Un reto para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, INM–UNDP–GIMTRAP, México, 2003.

16 Véase Dalton, Margarita, “Las presidentas municipales en Oaxaca y los Usos y Costumbres”, en: Barrera Bassols, Dalia y Alejandra Massolo (comp.), El municipio. Un reto para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, INM–UNDP–GIMTRAP, México, 2003, pp. 237-280.

17 Valladares, Laura, “Cambiando la tradición: conquistas y desafíos de las mujeres indígenas en México”, en: Revista de divulgación científica multidisciplinaria, FES-Cuautitlán-UNAM, 2000.

18 Cf. Organización, Desarrollo y Gobierno indígena en la Tarahumara. INSOL  (1998). Sobre guarijíos véase Teresa Valdivia, “Territorio entre los Guarijíos”, en: Teresa Sierra, Los pueblos indios ante el derecho,  CIESAS-CEMCA, México 1996.

19 Información proporcionada por el director de Procuración de Justicia del INI en 2000.

20 El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe fue creado en 1992 como iniciativa de la Cumbre Iberoamérica. Tiene como objetivo establecer un mecanismo destinado a apoyar los procesos de autodesarrollo de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas de América Latina y el Caribe.

21 Sobre este municipio se presentó en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) una tesis de maestría que da cuenta de la trayectoria política de tres mujeres amusgas de Xochistlahuaca, la lideresa Martha Sánchez, la presidenta municipal Josefina Flores y la artesana Florentina López. Véase Aguirre, Irma, “Liderazgo femenino en el ámbito local. Tres estudios de caso de Xochistlahuaca, Guerrero”, Tesis de maestría, ENAH, México, 2003.

22 Véase la edición especial del periódico La Jornada dedicada a las Juntas de Buen Gobierno, titulado “Chiapas, la Resistencia”, 19 de septiembre de 2004.

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